Opinión

Evaluar para decidir mejor

Por Ana María Ruiz Martínez, Presidenta de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

12/06/2013

Para quienes nos dedicamos profesionalmente a la evaluación de políticas y programas públicos, siempre constituye un motivo de satisfacción la publicación de guías metodológicas que aporten herramientas que permitan una primera aproximación al mundo de la evaluación a quienes todavía no se han decidido a abordar procesos evaluativos de las intervenciones públicas que gestionan o de las que son responsables.

En nuestro país, el desarrollo de la evaluación se ha producido más tardíamente que en otros Estados de nuestro entorno. Y a pesar de que en los últimos años ha habido avances, sobre todo desde el punto de vista normativo, no es menos cierto que todavía en nuestras administraciones públicas queda un largo camino que recorrer para que podamos considerar que la evaluación constituye una práctica sistemática e interiorizada en todos los niveles de gobierno en España. La institucionalización de la evaluación, la generación de marcos normativos y la asignación de la función de evaluación a instancias administrativas es una condición necesaria pero no suficiente para impulsar este proceso.

El esfuerzo también debe centrarse en generar cultura evaluadora en el conjunto de las administraciones públicas y de las instituciones que gestionan programas y políticas diseñadas para dar respuesta a problemas, demandas y necesidades sociales. Y generar cultura evaluadora implica persuadir a responsables políticos y gestores de la utilidad de la evaluación para incorporar más racionalidad científica en las decisiones públicas, para conocer los resultados reales de su acción, y también como herramienta de aprendizaje, proporcionando a las organizaciones conocimiento para el cambio y la mejora. Potenciar la cultura de la evaluación de las políticas es también generar una nueva cultura de gestión, que necesariamente ha de implantarse de forma gradual y que requiere tiempo. Potenciar la cultura de la evaluación también es formar y proporcionar herramientas que posibiliten su práctica.

Pero además, no podemos perder de vista una aportación fundamental de la evaluación como es que, sin excluir referentes como la eficacia y la eficiencia de la acción pública, trata de equilibrarlos con otros criterios fundamentales de valor público: equidad, cohesión social, corresponsabilidad, cooperación institucional, armonización, transparencia, participación, etc., que resultan fundamentales para emitir un juicio de valor más integral sobre las políticas públicas. Es decir, la evaluación de políticas públicas trata de conectar democracia, control y eficiencia, entendiendo que ésta última, en el sector público, no puede concebirse desde los criterios de mercado, sino que debe equilibrarse con otros criterios de valor propios de lo público comprendiendo y explicando las tensiones inherentes a los diferentes intereses que se entrecruzan en la acción pública. Esto es especialmente importante en relación con las políticas sociales.

Por último y no por ello menos importante, la evaluación es también una herramienta esencial para superar retos que deben afrontar en el contexto actual los gobiernos como la necesidad de conseguir una mayor apertura de las administraciones públicas; de satisfacer una demanda ciudadana creciente de más y mejor información sobre los resultados que se obtienen en el uso de los recursos públicos; de lograr una mayor participación e implicación de los ciudadanos en lo público, y la exigencia de una mayor transparencia de los gobiernos y las administraciones.

Por eso iniciativas como la emprendida por la Fundación ONCE y el CERMI son especialmente relevantes. Porque expresan una voluntad decidida de mejora, a través del análisis crítico que implica toda evaluación, de políticas y programas tan complejos y de tanta trascendencia social como los que afectan al problema de la discapacidad; porque también reflejan una preocupación por proporcionar tanto a las personas destinatarias de estas políticas como a los ciudadanos en general, información que les permita valorar hasta qué punto los recursos utilizados han permitido resolver el problema básico que está en su razón de ser: la inclusión de las personas en situación de discapacidad; y porque, en consecuencia, constituye una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas de organizaciones privadas, lo que las convierte en un ejemplo a imitar.

Finalmente solo me queda, como presidenta de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, felicitar a la Fundación ONCE y al CERMI por esta iniciativa, animarles a que a partir de esta guía metodológica inicien sus procesos de evaluación, y poner a su disposición el apoyo y la experiencia acumulada por la Agencia a lo largo de sus siete años de existencia.